Red GENET de Estudios de Género

Marco de actuación

Cambio social e igualdad entre mujeres y hombres

Las transformaciones sociales acontecidas en España durante el siglo XX han tenido su reflejo en la configuración de nuevos roles de género y en la creciente actualidad del debate sobre ciertos temas ligados a la cambiante identidad femenina y masculina. La masiva integración de las mujeres en el ámbito laboral y su voluntad de permanencia en él han supuesto una considerable “revolución social”, de marcadas consecuencias en las relaciones con los varones, tanto en la Esfera pública como en la privada. De hecho, se plantea de forma reiterada desde diversas instancias la reflexión acerca del nuevo lugar que las mujeres ocupan en las sociedades occidentales y también sobre sus relaciones con los hombres, después de medio siglo de grandes cambios en la condición femenina.

Durante los últimos 30 años, las mujeres españolas han protagonizado el mayor avance de toda su historia. Sin embargo, la realidad social y económica no refleja aún la igualdad plena y efectiva de derechos que reconoce la Constitución de 1978 a la mujer como parte de su estatuto de ciudadanía. Las políticas de “Igualdad de oportunidades” articuladas en los años 80 y 90 trataron de remover los obstáculos legales, económicos, sociales, culturales y de poder para que las mujeres pudieran mejorar su presencia en la Esfera pública, pero no han logrado acabar con la desigualdad, entre otras razones porque el acceso al mundo público no ha cambiado, todavía, las responsabilidades femeninas en el ámbito privado. Así lo confirman los numerosos datos sobre las marcadas diferencias actuales en el empleo femenino y masculino (dos significativos ejemplos: en 2010, el 23% de las mujeres trabajaron a tiempo parcial, frente a un 5.4% de los varones; la brecha salarial entre profesionales de alta cualificación de ambos sexos asciende actualmente a una media del 32%, según el último informe publicado en 2011 por las Cámaras de Comercio). Paralelamente, la cifra de mujeres muertas por Violencia de género desde 1999 ha sobrepasado en 2011 las 790. De ahí la necesidad urgente, ya en pleno siglo XXI, de la puesta en marcha de políticas “transversales” de igualdad de género en sectores como el empleo, educación, sanidad, sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, etc.

La Unión Europea, en sus Tratados, directivas y recomendaciones, ha articulado una normativa legal en relación con la igualdad de género, de obligado cumplimiento para sus países miembros. Tanto en el Tratado de Amsterdam (1997), la Carta de Derechos de Niza (2000) como el Tratado de Lisboa (2009) incluyen artículos específicos que reconocen la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho fundamental de la ciudadanía europea. En España, destaca como hito fundamental la reciente aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007, de 22 de marzo), que declara necesaria, en su exposición de motivos, “una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla” (BOE, 23 marzo 2007, p.12611). La L0 3/2007 se apoya en los principios legales de “Acción positiva” -que implica tomar medidas compensatorias para acelerar el camino hacia una igualdad plena, sobre el supuesto de que tratar de igual manera a los que son desiguales perpetúa la desigualdad-; “Representación equilibrada” con el que se trata de asegurar una presencia suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad-, y “Transversalidad” (Mainstreaming de Género) -consagrado por la Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Nairobi (1985) y Beijing (1995)-, que entiende la solución de la desigualdad de Género como una serie de acciones que deben penetrar todas las esferas de la actividad social.

Investigación, Docencia, Comunicación científica y Transferencia en Estudios de Género

La Investigación y sus aplicaciones en Docencia, Comunicación científica y Transferencia desempeñan un papel relevante en la construcción simbólica de la identidad de género. La situación social desigual de mujeres y hombres, su diferente protagonismo como sujetos agentes de la investigación y de la creación cultural, contribuye a reproducir y asentar las claves por las que se reconoce hoy en el imaginario colectivo la identidad sexual: la masculinidad, la feminidad y sus múltiples variantes, así como sus diversas relaciones con el poder. No en vano la sociedad española viene manifestando en las encuestas de los últimos años la percepción general sobre la contribución de la investigación científica y tecnológica al progreso y al bienestar de la ciudadanía, pero no entiende que sea similar su papel en la corrección de las desigualdades sociales. En este sentido, el incremento cuantitativo y cualitativo de la agencia femenina en investigación, docencia, comunicación social y transferencia de conocimiento contribuye a promover los cambios (e intercambios) de los roles de género tradicionales. La necesidad de analizar en profundidad y desde una perspectiva transversal estas cuestiones se muestra especialmente urgente en el Espacio Europeo de Investigación y Educación Superior.

De hecho, la Comisión Europea ha emitido ya varios informes denunciando la segregación vertical y horizontal que afecta a las mujeres en el mundo académico y científico, y vinculando el futuro de la investigación en Europa a la plena incorporación de las mujeres en el sistema universitario, científico y tecnológico. Como se afirma en el último de ellos –Structural Change in Research Institutions: Enhancing Excellence, Gender Equality and Efficiency in Research and Innovation (European Comission, 2011)-, alcanzar la igualdad de género en este sistema es el mejor modo de trabajar por la excelencia. En España, el ordenamiento jurídico actual recoge también este objetivo y fija las medidas que han de ser aplicadas para lograrlo, al tiempo que establece la obligatoriedad de incorporar los Estudios de Género transversalmente en los Grados y, de manera específica, en Postgrados Universitarios sobre la materia. Destacan en este sentido los artículos 23 a 25 de la citada LO 3/2007 y la recientemente aprobada Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE,  2 de junio de 2011), fundamentalmente en su disposición adicional decimotercera.

El establecimiento de una Red de Estudios de Género con la participación de personal académico perteneciente a 40 universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, responde así a una demanda social definida, la apertura de la investigación y la docencia a las realidades cambiantes de las sociedades modernas, y a un imperativo legal reciente, derivado de los principios de igualdad de derechos establecidos por la Constitución –y por la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas-. Conviene recordar, en este sentido, que la igualdad de género se considera actualmente como índice del desarrollo de un país, fuente de riqueza económica y motor para la productividad y la innovación.