Las transformaciones sociales acontecidas en España durante el siglo XX han tenido su reflejo en la configuración de nuevos roles de género y en la creciente actualidad del debate sobre ciertos temas ligados a la cambiante identidad femenina y masculina. La masiva integración de las mujeres en el ámbito laboral y su voluntad de permanencia en él han supuesto una considerable “revolución social”, de marcadas consecuencias en las relaciones con los varones, tanto en la Esfera pública como en la privada. De hecho, se plantea de forma reiterada desde diversas instancias la reflexión acerca del nuevo lugar que las mujeres ocupan en las sociedades occidentales y también sobre sus relaciones con los hombres, después de medio siglo de grandes cambios en la condición femenina.

Durante los últimos 30 años, las mujeres españolas han protagonizado el mayor avance de toda su historia. Sin embargo, la realidad social y económica no refleja aún la igualdad plena y efectiva de derechos que reconoce la Constitución de 1978 a la mujer como parte de su estatuto de ciudadanía. Las políticas de “Igualdad de oportunidades” articuladas en los años 80 y 90 trataron de remover los obstáculos legales, económicos, sociales, culturales y de poder para que las mujeres pudieran mejorar su presencia en la Esfera pública, pero no han logrado acabar con la desigualdad, entre otras razones porque el acceso al mundo público no ha cambiado, todavía, las responsabilidades femeninas en el ámbito privado. Así lo confirman los numerosos datos sobre las marcadas diferencias actuales en el empleo femenino y masculino (dos significativos ejemplos: en 2010, el 23% de las mujeres trabajaron a tiempo parcial, frente a un 5.4% de los varones; la brecha salarial entre profesionales de alta cualificación de ambos sexos asciende actualmente a una media del 32%, según el último informe publicado en 2011 por las Cámaras de Comercio). Paralelamente, la cifra de mujeres muertas por Violencia de género desde 1999 ha sobrepasado en 2011 las 790. De ahí la necesidad urgente, ya en pleno siglo XXI, de la puesta en marcha de políticas “transversales” de igualdad de género en sectores como el empleo, educación, sanidad, sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, etc.

La Unión Europea, en sus Tratados, directivas y recomendaciones, ha articulado una normativa legal en relación con la igualdad de género, de obligado cumplimiento para sus países miembros. Tanto en el Tratado de Amsterdam (1997), la Carta de Derechos de Niza (2000) como el Tratado de Lisboa (2009) incluyen artículos específicos que reconocen la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho fundamental de la ciudadanía europea. En España, destaca como hito fundamental la reciente aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007, de 22 de marzo), que declara necesaria, en su exposición de motivos, “una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla” (BOE, 23 marzo 2007, p.12611). La L0 3/2007 se apoya en los principios legales de “Acción positiva” -que implica tomar medidas compensatorias para acelerar el camino hacia una igualdad plena, sobre el supuesto de que tratar de igual manera a los que son desiguales perpetúa la desigualdad-; “Representación equilibrada” con el que se trata de asegurar una presencia suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad-, y “Transversalidad” (Mainstreaming de Género) -consagrado por la Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Nairobi (1985) y Beijing (1995)-, que entiende la solución de la desigualdad de Género como una serie de acciones que deben penetrar todas las esferas de la actividad social.